Texto de José Casillas.
Centro de Estudios e Investigación de la Barranca (CEIBA)
13 de enero de 2024
Este período de lucha de los últimos tres meses para mejorar el servicio de transporte público en los pueblos de la barranca, en particular en Tateposco, San Esteban, San Isidro e Ixcatán en el municipio de Zapopan, nos ha dejado hasta el momento varias lecciones:
1.- Que el derecho al libre tránsito, conlleva a la necesidad de un transporte masivo de pasajeros dentro de las grandes urbes y de éstas a las pequeñas poblaciones, es un derecho que sirve como punto de partida para el ejercicio de otros derechos fundamentales: los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al comercio, a la alimentación, a la recreación y cultura, etc., por tanto, al ser inexistente o deficiente el transporte público, no sólo coarta el mismo, sino a otros derechos de primera generación y segunda generación.
2.- Los trabajos precarios de la mayoría que utiliza el transporte público, les generan ingresos miserables que muchas veces se quedan la mayor parte en el pago de pasaje que los lleve a su centro laboral, a la escuela, comercio y a la atención de su salud. Los usuarios son trabajadores de la construcción, trabajadoras y trabajadores del hogar en su mayoría mujeres; empleados de comercios y mercados; pequeños comerciantes en tianguis; pacientes que acuden a citas médicas a clínicas y hospitales; estudiantes de preparatorias y universidades; empleados de medio tiempo; son la mayoría de la clase trabajadora, de los que producen la riqueza en este país.
3.- Que para el Estado (federación, entidades y municipios) resulta muy cómodo dejar el servicio del transporte masivo de pasajeros en manos de empresarios, –es decir, opta por la privatización, a pesar de que la experiencia en distintas ciudades del país reporta un precio excesivo y un servicio de regular a mala calidad. Los concesionarios tienen casi por naturaleza un comportamiento voraz y lejano al carácter social que este servicio requiere. Cuando los dueños del pulpo camionero encuentran otros negocios más lucrativos, simplemente declaran en quiebra la empresa y se van, a veces sin sanción alguna.
4.- Resulta claro que las mafias de poder, invaden y aparecen en todas las actividades económicas, cosa de la que no está exento el servicio de transportación de pasajeros, al grado de que son prácticas recurrentes, (sin generalizar) por nuestra experiencia: la falta de mantenimiento de las unidades; la falta de capacitación de los conductores; la invasión de horarios de otras empresas, el uso de amenazas a los operadores oferentes; la generación de intrigas y división entre los usuarios y además, sus alcances son suficientes para mediatizar las luchas populares y para corromper a las autoridades del autotransporte público federal y estatal.
5.- El cumplimiento de las leyes laborales que den certeza a la función de operadores y otros trabajadores de las empresas de autotransporte, es una asignatura pendiente, al menos en la que presta el servicio público federal en la barranca (ómnibus de Yahualica); hay evidencia de que los contratos de Ley son inexistentes; no tienen salario base y su pago es por porcentaje de boletos vendidos, lo que les hace incluso competir dentro de la misma empresa para sacar la liquidación; no se encuentras inscritos en los sistemas de seguridad social y son fácil presa del despido y de liquidaciones injustas.
6.- Quienes se han unidos a esta lucha son usuarios cotidianos del servicios de transporte, son personas humildes, que viven de un trabajo honesto, alejadas del ruido electorero y de los partidos políticos tradicionales; a pesar de ello no han faltado políticos del partido que gobierna en Jalisco, que se han trepado al conflicto, pero en lugar de coadyuvar para resolverlo favorablemente, lo han empantanado, han confundido a la opinión pública con sus declaraciones, para luego culpar a quienes luchamos, dicen, porque hemos “politizado” el conflicto.
7.- Son varios encuentros los que hemos tenido con representantes federales, estatales y del poder legislativo local. El 3 de noviembre de 2023, nos manifestamos en palacio de gobierno y el palacio legislativo, el 6 de noviembre del mismo año, estuvimos en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; volvimos el 22 de noviembre pasado y se tomaron diversos acuerdos que se cumplieron parcialmente por las autoridades; el 13 de diciembre nos encontramos en el crucero de Ixcatán y no tenían nada nuevos las autoridades, ni lo concesionarios; así que pospusieron una reunión en palacio de gobierno el día 10 de enero a las 11:00 horas, en donde estarían representantes con capacidad de resolución de SETRAN, SICT, Poder Legislativo y la Secretaría General de Gobierno, nos dejaron plantados. Y luego de la movilización que hicimos en el centro de Guadalajara, se comprometieron a que habrá soluciones en firme el martes 16 de enero de 2024 a las 12:00 horas en palacio de gobierno.
8.- Nuestras demandas son sencillas de comprender y de cumplir, requieren sólo un grado suficiente de voluntad política, queremos un servicio a precio justo, digno y suficiente: 1.- Pasaje de $9.50 pesos, igual a los municipios de El Salto, Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco. 2.- Frecuencia regular en los servicios y que de haber más de una empresa, éstas se coordinen en los horarios y derroteros. 3.- Que los derroteros desde nuestros pueblos sean hasta el centro de la ciudad de Guadalajara, por lo menos a la normal. No buscamos respaldar a algún permisionario en particular, en tanto el servicio sea digno, justo y eficiente; aunque lo mejor es que el servicio público de pasajeros lo preste el Estado y no empresarios voraces.
Este artículo fue originalmente publicado en la página de Facebook de CEIBA. Consulte el enlace aquí.