El pasado 21 de agosto, el colectivo Un Salto de Vida convocó a rueda de prensa para denunciar la imposición de un nuevo megaproyecto energético: la termoeléctrica llamada La Charrería. ¿El motivo? Su construcción, señalaron, representa una amenaza directa a la salud de los habitantes de El Salto y Juanacatlán, además de violentar un amparo interpuesto previamente por la comunidad.
El problema que representa la termoeléctrica no es solo la amenaza que representa por sí sola, sino que además rompe con un amparo que había sido solicitado por la comunidad. Decían que era una obra inexistente, pero el proyecto continúa avanzando en trámites y gestiones bajo la etiqueta de “viable”. Esto ocurre pese a no contar con los permisos oficiales de construcción y a que los peritajes técnicos advierten afectaciones severas en el acceso y calidad del agua. “El agua no es de ellos, el agua le pertenece al Salto”, subrayaron en la rueda de prensa.
Por su parte el gobierno maneja un doble discurso: por un lado menciona su preocupación, pero no duda en recibir de brazos abiertos toda aquella propuesta de inversión que vaya en pro del desarrollo y la generación de ganancias, aun si ello implica la destrucción del ambiente y afecta la salud de las personas.
La amenaza de la termoeléctrica no es un hecho aislado, se suma a otros proyectos que ven en El Salto una oportunidad de inversión, por ejemplo: el proyecto de El Salto I construido por la empresa Ad Astra Energía, “ la construcción de “La línea morada” que plantea llevar el agua tratada a las industrias del Salto, y la propuesta de un parque solar que se pretende instalar en Juanacatlán. La lucha por impedir el posicionamiento se suma a las varias que se han dado desde 2019, que buscan impedir la llegada de megaproyectos. Sin embargo, desde ese mismo año hasta la fecha, el gobierno ha colaborado con las empresas, ya sea por acción, dejándolos pasar, u omisión, guardando silencio. “Nos hacen sentir como mentirosos” denunciaron desde el colectivo, aludiendo a la falta de reconocimiento oficial de las problemáticas que padecen desde hace décadas.
¿Qué significa la termoeléctrica? La termoeléctrica no solamente son los millones de litros de agua que va a acaparar y distribuir a los negocios industriales; se trata de una violación de los derechos de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, se trata del robo de recursos y daño al medio ambiente, mismos que se sumarían al ya deteriorado estado del río Santiago, que en otras épocas figuraba como un paraíso natural. Se trata de una visión industrial que reza: el agua limpia para nosotros, las enfermedades para ustedes.
“La termoeléctrica no es opción, no la queremos”. El proyecto, además, amenaza directamente la presa del Ahogado, que se considera uno de los pocos espacios con potencial de restauración del río Santiago. Para el colectivo Un Salto de Vida, hablar de termoeléctrica significa hablar de la mercantilización de los recursos vitales, recursos robados a la comunidad, daños irreparables al medio ambiente y a la salud de los pobladores.
Ahora bien, ¿por qué la insistencia en instalar este megaproyecto en una zona que ya no tolera ni un proyecto más, que ya ha sido catalogada como zona de exterminio? Dicha insistencia no puede deberse sino a un pensamiento esquizofrénico por parte de la industria y de los gobiernos que los avalan. Recordemos que nos encontramos en un contexto político en donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto el Nearshoring como política económica que prioriza el crecimiento económico. El problema es que, como en El Salto, estos proyectos no llegan con una propuesta de reparación de daños ni con una intención de responsabilizarse por los agravios al medio ambiente. “Mínimo nosotros – replica Sofia, de Un Salto de Vida—ponemos al centro la vida”.