José Casillas Martínez, comunero de Ixcatán, Jalisco. Centro de Estudios e Investigación de la Barranca (CEIBA)
La cruenta guerra de “El Mixtón” (1541-1543) que impactó en el Occidente de la Nueva España, continuó con una serie de rebeliones locales indígenas en contra de la ocupación y el despojo europeo hasta 1570. Con la “pacifcación” -muy cerca del entonces caudaloso río Grande, hoy Santiago, que utilizó el 28 de marzo de 1530 Nuño Beltrán de Guzmán para incursionar en la cazcan- fueron concentrados en 1580 hablantes de seis lenguas, (cazcán, tecuexe, tepecano, guachichil, coca y zacateco), además de tlaxcaltecas y mexicas traídos por los militares y religiosos españoles. Con todos, se fundó Ichcatlan, también nombrado en el título primordial, Ixcatlan, Izcatan, Iscatlan, hoy oficialmente San Francisco Ixcatán del municipio de Zapopan, Jalisco.
La lucha del pueblo de Ixcatán por el reconocimiento frente a la corona española, viene desde 1588, de acuerdo al título primordial de 1696. Durante el periodo colonial se llevaron a cabo los trabajos de medición para dirimir los conflictos de límites con los colindantes españoles y se deslindaron 9,850 hectáreas en promedio. El contenido del mencionado título es el resul-tado del reclamo de las tierras, aguas y bosques que por razón de pueblo, correspondían a San Francisco Ixcatán, jurisdicción de San Cristóbal de la Barranca. Se delimitaron del agreste territorio de montañas, cañadas y planicies de exuberante vegetación, dos sitios de ganado mayor y tres caballerías nombradas Ahuatán, Ahuacatlán y Atotonilco. Sumaban un equivalente a 3,638, 38 y 59 hectáreas.
Una vez medida, regulada y amojonada la reducción de las posesiones de los indios de Ixcatán, surgieron las presiones y amenazas de invasión de los colindantes españoles. Cuestión que se conoce por los autos agregados al testimonio del título primordial y que fortalecen de alguna forma, el reconocimiento de los linderos y que en los años siguientes dieron cierta autonomía del territorio para la reproducción de la cultura, la economía local y la organización social que habían perdido con el repartimiento.
Previo al proceso de reconocimiento como pueblo, hay rastros del repartimiento en los pueblos de la barranca del río Santiago. Moisés González en su libro Repartimientos de indios en la Nueva Galicia, relata que el 30 de abril de 1676, Felipe López de Carpio, presbítero, dueño de la Hacienda de Copala, jurisdicción de San Cristóbal de la Barranca, obtuvo el permiso del presidente y oidores de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, para “sacar indios segadores hasta en cantidad de treinta para la cosecha de sus trigos… por el tiempo que durare por las cantidades referidas y de los pueblos siguientes: del pueblo de San Esteban diez segadores, del de Izcatán diez, y del de Tesistlán diez segadores”. Existen otros mandatos de repartimiento en 1677 y 1688, sin embargo, el reconocimiento de pueblo que obtuvo Ixcatán, pareció influir en los pedimentos de repartimiento de indios, pues ya no se localizaron a partir de ese año.
Pero las presiones de los españoles de las haciendas colindantes sobre el territorio de Ixcatán no cesaron. En el año de 1795 el territorio del pueblo se redujo al Este del río Santiago, para favorecer al presbítero José María González Islas de la Hacienda de Guadalupe (Ixtlahuacán del Río); al Sur, con José Antonio Moreno de la Hacienda Los Camachos; al Norte, con la Hacienda de La Soledad de Nicolás Méndez y al Poniente con la Hacienda de Copala de Manuel Gutiérrez. Lo acotaron a un estimado de 6,240 hectáreas, es decir 3,620 menos que en 1696.
De 1902 a 1906 con las leyes liberales, una compañía deslindadora, inició un proceso de privatización. Para 1903 se apuntaron en el proyecto de reparto 97 personas de Ixcatán, pero de 2,100 hectáreas, 600 fueron acaparadas por los deslindadores en la zona conocida como “La Mesa”. Todo ocurrió en un clima de división y fricciones internas pues además dejaron fuera del reparto a varias familias y, al demorarse el litigio, los alcanzó la revuelta armada de 1910 a 1920.
Luego vino la guerra cristera de carácter anti-agrarista en 1926, encabezada en la región por Francisco Rojas Vertis Cortés, detenido y fusilado en julio de 1929. Lo anterior, motivó que un grupo de veinte campesinos se armara en “La Acordada” con el respaldo del gobierno federal. Su comandante de armas se llamó Anastasio Flores y el juez de la acordada, Sabas Alonzo. En el año de 1934 en el periodo cardenista, el ejido de San Francisco Ixcatán fue dotado con 1,673 hectáreas. Al entrar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, resultaron 2,000 hectáreas: 1,644 expropiadas a la Hacienda de Guadalupe y 356 a la hacienda La Soledad. También se creó el ejido Los Camachos con una dotación de unas 1,000 hectáreas. En 1968 se reconocieron a la Comunidad Indígena San Francisco Ixcatán 1,103. Las cantidades suman 6,203 hectáreas, todas dentro del polígono del título primordial de Ixcatán.
En 1968 con la resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales, publicada en el Diario Oficial de la Federación y ejecutada en todos sus términos el 5 de abril de 1999, se excluyó a la mayoría de los legítimos comuneros y se consumó el despojo de 8,747 hectáreas del título de 1696. De 9,850 hectáreas, el Estado mexicano únicamente reconoció a la Comunidad Indígena de Ixcatán 1,103 de tierra de temporal y cerril, excluyendo la margen del río Santiago y el fundo legal de pueblo en donde están sus calles, viviendas, escuelas, el centro de salud, la iglesia y sus muertos. Sin acudir a los tribunales agrarios y civiles, los comuneros y avecindados han recuperado de 1976 a la fecha, unas 600 hectáreas y han reconstituido la Asamblea de Comuneros y la Junta de Pobladores. De igual modo, impulsan que las tierras “privatizadas” en 1906, se posean, trabajen y disfruten por los legítimos sucesores de hace más de un siglo, en un marco de reproducción de la vida, el trabajo y la cultura comunitaria.
Este artículo fue originalmente publicado en el suplemento Del Campo de La Jornada