La madrugada del día 30 de julio del 2026, el brazo armado del gobierno de Jalisco, a saber, la Policía Estatal y algunos elementos de la Policía Metropolitana, irrumpieron en el campamento instalado por vecinas y vecinos organizados de la colonia Mirador de San Isidro en Zapopan, quienes desde hace una semana se oponen a la construcción de 10 torres con 200 departamentos (denominado Legado Jalisco) que serían entregados presuntamente a elementos policiacos en un terreno destinado hace más de 30 años como lugar de recreación educativa y comunitaria.
Como es la naturaleza de la policía del estado, esbozados, y organizados para actuar como grupo contencioso, reprimieron a las familias¹ que esperaban una respuesta a su derecho a ser escuchadas, informadas y consultadas sobre un asunto urbano que es de su legítimo interés. La presunción de Pablo Lemus sobre que su gobierno es uno que “escucha a sus ciudadanos”² quedó entredicha y la postura del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al deslindarse del operativo de desalojo y al afirmar que desconoce los detalles de la obra al ser un predio que pertenece al gobierno del estado, es una muestra de la forma de proceder de los políticos en turno.
Pero de todo esto, lo que resulta alarmante es el hostigamiento policial contra un colectivo de colonos.³ Una lectura a esto podría ser que, al estar los negocios inmobiliarios y el despojo de territorios por toda el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con la presencia de la Policía Estatal se desea mandar un mensaje a toda la ciudadanía que intente impedirlos. En efecto, este tipo de policía es una fuerza violenta que tiene por objetivo controlar poblaciones y territorios en la entidad. Una de sus tareas es custodiar infraestructura y espacios que se consideran estratégicos. Es una policía organizada en agrupamientos tácticos y se despliega como fuerza coercitiva directa para marcar la presencia del Estado.
Aun así, frente a todo esto, lo que hay que destacar como aprendizaje social es la resistencia de las y los colonos organizados en Mirador de San Isidro. Se han convertido ya en un Colectivo en Defensa del Territorio. Avanzan hacia una estrategia legal para resistir. Esto es de suma importancia no solo para su caso particular sino para la gran mayoría de los asuntos relacionados en el AMG. Existen en diferentes municipios vecinas y vecinos organizados que bien podrían establecer puentes de solidaridad y apoyo entre sí, sobre todo por tener en común no solo problemas semejantes, sino el caso de la represión e intimidación policial. Están, entro otros, las y los Vecinos Organizados de Tonalá Oriente y Sur, los Vecinos organizados de Altamira en Zapopan, Vecinos del cerro del Cuatro y, desde luego, colectivos y organizaciones defensoras de territorio como el Comité en Defensa del Bosque Nixticuil y la Asamblea de Pueblos en Resistencia de Jalisco. Un aprendizaje social concreto sería la construcción de una Red de colectivos y organizaciones ciudadanas en defensa de territorios porque supondría, no solo la práctica de una pedagogía del apoyo mutuo ciudadano, sino un freno contundente a la voracidad de quienes han tomado el AMG por asalto y han hecho de la ciudad, un negocio.
1 https://www.facebook.com/61592285429026/videos/pcb.122101631403409514/1063812909901302