Una ola de violencia azota en Michoacán, específicamente, contra los pueblos originarios. Se trata de una ofensiva que ya ha cobrado vidas. El pasado 25 de mayo, comuneros y comuneras provenientes de distintas comunidades indígenas de la Meseta Purépecha —entre ellas Sevina, Comachuén y Pichátaro— llevaron a cabo una protesta en Casa Michoacán, Morelia, para exigir el cumplimiento de los acuerdos previamente establecidos y justicia por los asesinatos de integrantes de guardias comunitarias. La protesta fue recibida con balas de goma donde resultaron heridas cerca de 50 personas, según informó el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM). Tras varias horas de presión, se instaló una mesa de diálogo con representantes gubernamentales, en la que el gobierno estatal se comprometió a reforzar la seguridad en la Meseta Purépecha mediante la instalación de una Base de Operaciones Interinstitucional (BOI).
Esta movilización fue el resultado de una serie de eventos que tuvieron lugar a inicios del mes. El 6 de mayo se reportó un ataque armado en el pueblo de Acachuén, perteneciente a la Cañada de los Once Pueblos, llevado a cabo presuntamente por hombres vinculados a un grupo criminal, dicho enfrentamiento cobró la vida de dos comuneros. A los días siguientes comenzaron bloqueos carreteros en la carretera Cherán–Zamora/Uruapan–Zamora para exigir seguridad y diálogo con autoridades estatales y federales. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció la crisis de inseguridad en la Cañada de los Once Pueblos y exigió presencia permanente del Ejército y Guardia Nacional, investigación de los asesinatos y garantías de seguridad para Acachuén. Debido a la omisión de las autoridades, comuneros de Acachuén marcharon hacia la presidencia municipal de Chilchota exigiendo la renuncia de la alcaldesa Alejandra Ortiz Suárez y denunciaron complicidad de policías municipales con grupos criminales. El 17 de mayo la comunidad de Sevina fueron asesinados dos integrantes de la guardia comunitaria (Kuáricha), pese a que autoridades comunales ya habían solicitado una BOI al gobierno estatal un año antes sin obtener respuesta efectiva. En días posteriores se reportaron casos similares en comunidades cercanas: desaparición de diez personas en La Cantera; enfrentamientos armados en Los Reyes y Charapan; amenazas y presencia armada en distintas regiones indígenas.
La violencia en el Estado no es novedad, pero esta serie de eventos no pueden ser considerados fortuitos ni casos aislados, son parte de lo que la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, ha llamado una “guerra no declarada contra los pueblos originarios”, y que también sucede en otros estados de México. El discurso de las autoridades ha intentado reducir el problema únicamente a una cuestión de “seguridad pública”, señalando al crimen organizado como responsable. Ciertamente, los grupos criminales aparecen como perpetradores directos, sin embargo, quedarnos con ese discurso sería limitar el análisis a un asunto de “buenos” contra “malos”. Michoacán es un laboratorio de políticas públicas fracasadas, toda vez que actualmente se desarrollan cinco ‘Planes de Justicia’: el Plan Michoacán, Plan Lázaro Cárdenas del Río, Plan de Justicia P’urhépecha, Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda, y el Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano; sin embargo, diariamente siguen desapareciendo, asesinando y extorsionando a cientos de michoacanos y habitantes de los pueblos indígenas (Consejo Supremo Indígena de Michoacán, 2024). Se ignora que lo que está en juego es el control del territorio: rutas, recursos naturales, presupuesto directo a las comunidades, y un ataque a las formas de autogobierno. Este discurso busca generar miedo, y la fragmentación de las comunidades.
En conclusión, la escalada de la violencia en el Estado de Michoacán evidencia un ataque directo contra las formas de organización comunitaria. No es casualidad que muchos de los principales objetivos sean precisamente pueblos autónomos o con estructuras comunales sólidas. Frente a las amenazas, las comunidades han respondido desde aquello que históricamente les ha permitido resistir: formación de asambleas, rondas comunitarias y organización para defender la vida, el territorio y su autonomía. Son estas prácticas las que han permitido su permanencia y continuidad hasta nuestros días.
Bibliografía:
Consejo Supremo Indígena de Michoacán. (11 de mayo de 2024). Cinco Planes de Justicia para los Pueblos Originarios [Actualización de estado]. Facebook. https://www.facebook.com/ConsejoSupremoIndigenaMichoacan/posts/pfbid02Nto48brcn8N2SKmZsEBvxpFMxzxbqp7ZsEVpuJf3GMLFjGtj7zsa3RT26SVcgzCwl